El sector más reaccionario del exilio cubanoamericano pretende volver al año 2004, cuando el entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, impuso severas restricciones a los viajes a Cuba. Esta, al menos, es la lectura primera que deja en sectores de emigrados cubanos una enmienda presentada por el legislador de Florida Mario Díaz Balart, a un proyecto de ley de gastos para servicios financieros del periodo fiscal 2012. La iniciativa fue aprobada el 23 de junio por el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes en un primer paso que llevaría a terminar con la llamada flexibilización de viajes y remesas a Cuba, anunciada en 2011 por el presidente Barack Obama, como parte de lo que denominó el camino del “nuevo comienzo” respecto a la nación antillana. Quedan por delante debates y controversias, incluidos una votación en la Cámara baja y una nueva versión del Senado, para la aprobación defintiva de la iniciativa que limitaría el concepto de familia al pequeño círculo de hijos, padres y hermanos, como esgrimió Bush. El exmandatario republicano también limitó las visitas de los emigrados a su país de origen a una cada tres años y redujo a límites mínimos el envío de remesas de dinero a familiares. A su llegada al poder Obama estableció dentro de las pautas de la política exterior estadounidense para América Latina ese “nuevo comienzo” cuyo propósito -dijo- era recomponer y mejorar la deteriorada imagen del país norteño en la región. Con ese argumento viajó a la V Cumbre de las Américas celebrada en abril de 2009 en Puerto España, Trinidad y Tobago, donde habló, en particular, de la búsqueda de un “nuevo comienzo” con Cuba. Sus palabras, que pudieran interpretarse como el reconocimiento del fracaso de la estrategia de Washington hacia la isla antillana, se sustentaron en la misma aspiración histórica de revertir el proyecto político de su vecino geográfico. Con anterioridad el presidente cubano, Raúl Castro, dijo, durante una cumbre de los países que integran la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de nuestra América (ALBA), que Cuba estaba lista para el diálogo con Estados Unidos, pero sin condicionamientos, ni presiones, y sobre bases de igualdad y respeto. Justo días antes de lo acontecido en Puerto España, Obama, en una acción que varios observadores consideraron un intento con los asistentes a la reunión de exhibir algún resultado tangible, anunció el levantamiento de las restricciones de viajes y los envíos de remesas de cubanoestadounidenses hacia la isla caribeña. Esa medida se concretó apenas en enero de 2011, a causa de las presiones proferidas por el mismo grupo de congresistas cubanoamericanos al que pertenece Díaz Balart, defensor del bloqueo y contrario a cualquier entendimiento con las autoridades isleñas. Sin embargo, el tema de los viajes y remesas (una promesa de campaña de Obama) no constituyó más que un retoque cosmético, en opinión de las autoridades cubanas, para las cuales en esencia no se ha producido ningún cambio en la actitud de la Casa Blanca hacia Cuba. Para La Habana el significado de “mover” las relaciones entre ambas naciones “en una nueva dirección”, pasa, indefectiblemente, por la eliminación del bloqueo, un cerco comercial que data de hace más de cinco décadas y el cual se recrudeció desde que Obama tomó posesión en la Oficina Oval. La aplicación de multas millonarias y la persecución de las operaciones financieras del país antillano se inscriben en ese contexto, así como las asignaciones de cuantiosos fondos públicos estadounidense a través de agencias federales para promover la subversión interna, con el argumento de apoyar la democracia. Con la nueva iniciativa de Díaz Balart resurgen en sectores de emigrados cubanos los temores de que el resultado más lógico, de aprobarse, será separar, dividir y obstaculizar más los vínculos entre los familiares que residen en Cuba y Estados Unidos. Hace poco LAWG, siglas del Grupo de Trabajo para América Latina, criticó las maniobras de Díaz Balart y advirtió que si la enmienda se convierte en ley, “la mayoría de los cerca de 400 mil cubanos que viajaron el año pasado a ver a sus familias ya no podrían hacerlo, y se cortarían las remesas”. Un vuelco “hacia los duros años de la administración Bush”, subrayó la propia asociación. Otros, como Miriam Mijares, residente en Miami hace más de 15 años estima que “hemos visto a un miembro del Congreso abusar de su asiento para fijar la enmienda de la venganza”.

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