Uribe: función de despedida / Atilio Boron

Incondicional peón del imperio, Álvaro Uribe se despide de la presidencia de Colombia con una nueva provocación: la denuncia de la existencia de campamentos
de las FARC en territorio venezolano. Ni lerdo ni perezoso el
Departamento de Estado salió a respaldar sin reservas la acusación
formulada por Bogotá en la OEA, alentado por la supuesta “contundencia”
de las pruebas presentadas por Uribe que denuncian al gobierno de Hugo
Chávez por permitir la instalación de campamentos de la FARC y la
realización de diversos programas de entrenamiento militar de unos 1.500
efectivos de la guerrilla en territorio venezolano. El vocero del
Departamento de Estado, Philip Crowley, declaró con singular insolencia
que “Venezuela ha mostrado una conducta desafortunada e insolente” con
su vecino y amenazó que si ese país “no coopera, Estados Unidos y los
demás países obviamente lo tomarán en cuenta."Hay que recordar que desde
2006 Estados Unidos incluye a Venezuela en la lista de países que no
cooperan en la lucha contra el terrorismo. En la misma línea se
manifestó el Subsecretario Adjunto para América Latina, Arturo
Valenzuela, declarando que la denuncia hecha por Uribe era “muy seria.”
Ambas declaraciones arrojan espesas sombras de dudas sobre las
capacidades intelectuales de ambos funcionarios y, lo que es aún más
grave, alimentan la sospecha de que por su afición a la mentira la
calidad moral de ambos no parece ser demasiado diferente de la de Álvaro
Uribe.
Es evidente que para los administradores imperiales cualquier cosa que convenga a sus intereses tratan de hacerla aparecer ante los ojos de la
opinión pública como “seria y contundente”. Y son esos intereses los que
movieron a la Casa Blanca a pedirle una última “prueba de amor” al
gobernante colombiano pocos días antes de abandonar la presidencia. Como
es de público conocimiento, el prontuario que la DEA, la CIA y el FBI
han venido construyendo sobre Uribe por sus íntimas y prolongadas
vinculaciones con los narcos no le permite al mandatario colombiano
desobedecer ninguna orden originada en Washington, so pena de correr la
misma suerte que el ex presidente panameño Manuel A. Noriega y terminar
sus días en una cárcel de máxima seguridad de los Estados Unidos.[1]
La disparatada denuncia de Uribe, un inveterado mentiroso, viene de perlas para impulsar la desestabilización que Washington quiere producir en
vísperas de las cruciales elecciones venezolanas programadas para el 26
de septiembre y, a la vez, legitimar el impresionante programa de
militarización que está imponiendo en América Latina, una de cuyas
mayores expresiones ha sido la firma del tratado Obama-Uribe mediante el
cual el país sudamericano cede al menos siete bases militares para uso
de las fuerzas armadas de los Estados Unidos. Por eso los personeros del
gobierno norteamericano simulan que consideran “serias y contundentes”
las pruebas que respaldan la denuncia de Uribe, sabiendo que no tienen
asidero alguno y que son puro palabrerío y montajes fotográficos. Pero
las mentiras son parte del discurso oficial de Estados Unidos, elementos
imprescindibles para rodear con un halo de legitimidad los designios
del imperialismo norteamericano, y esto por varias razones.
Mentiras porque, en primer lugar, si las FARC controlan cerca del 30 % del territorio nacional (cosa que es archisabida en Colombia)no se entiende
que sentido puede tener distraer nada menos que 1.500 hombres del teatro
de operaciones, enviar a sus jefes a vacacionar en Venezuela y
organizar 85 campamentos guerrilleros en el vecino país. Si hay un
político que miente sistemáticamente en nuestra región -¡y hay muchos!-
Uribe se lleva las palmas: es en la propia Colombia donde la crisis y
putrefacción del estado oligárquico permite que amplias franjas de su
territorio, especialmente en las zonas selváticas, estén contraladas por
la guerrilla, los narcos y los paramilitares.
Diversas autoridades ecuatorianas comentaron luego del ataque que las fuerzas colombianas realizaron en su territorio que Ecuador no limita al norte
con Colombia sino con una tierra de nadie controlada por las
organizaciones descritas más arriba. Con una necedad sin límites Uribe
acusa a sus vecinos de no hacer lo que él ha dado sobradas muestras de
ser incapaz de hacer: controlar su propio territorio. Cerrando los ojos
ante esta realidad Estados Unidos se monta sobre esta falaz denuncia
para, desde allí, acosar al gobierno bolivariano por su falta de
colaboración en la lucha contra el narcotráfico, ocultando ante la
opinión pública -¡con la complicidad de la “prensa libre”, por
supuesto!- el molesto hecho de que el mayor exportador mundial de
cocaína (y también de narcotraficantes) es la Colombia militarizada por
Uribe y devenida gracias a su invalorable colaboración en un
protectorado norteamericano.
Ante semejante cuadro de descomposición política, denunciar que las FARC se instalan en Venezuela -¡y para colmo con el aval y la complicidad del
gobierno de Hugo Chávez!-no pasa de ser una vulgar engañifa al servicio
del imperio; una acusación que carece por completo de entidad como para
ser tomada mínimamente en serio. Es la calumnia que descerraja un
personaje completamente inescrupuloso como Uribe. [2]
En segundo lugar, ¿cómo olvidar que Uribe fue el hombre que mintió alevosamente cuando sus fuerzas, apoyadas por las de Estados Unidos,
incursionaron en territorio ecuatoriano aduciendo que iban en
persecución de una columna de las FARC? Las pruebas demostraron que los
guerrilleros a los que supuestamente se perseguía luego de un
enfrentamiento ocurrido en territorio colombiano estaban durmiendo
-vestidos inclusive con pijamas- al momento de producirse el ataque y
que, en consecuencia lo que tuvo lugar en Santa Rosa de Sucumbíos no fue
un combate sino lisa y llanamente una masacre indiscriminada. Esta
operación, realizada poco después de la medianoche del 1º de Marzo del
2008 fue realizada con el apoyo logístico y material de los efectivos
norteamericanos estacionados en la base de Manta, los únicos que
disponían de la tecnología necesaria y de aviones capaces de efectuar un
bombardeo de asombrosa precisión en plena selva y en medio de la más
absoluta oscuridad. Una muestra más de la enfermiza afición de Uribe por
la mentira fue la historia montada en torno a la famosa laptop de Raúl
Reyes, que en un prodigio tecnológico sin precedentes sobrevivió indemne
a un bombardeo que destruyó todo lo que había a su paso y cuyo disco
rígido habría entregado valiosísima información sobre los profusos
contactos de Reyes y las FARC con todos los enemigos de Uribe y Estados
Unidos.[3]
Tercero, ¿cómo se le puede creer a un hombre que desde la presidencia de Colombia convalidó la acción de los paramilitares y del terrorismo de
estado? El 16 de febrero de este año la unidad de “Justicia y Paz” de la
Fiscalía colombiana publicó un informe en el que se revela que algo más
de 4.000 paramilitares de las AUC, las Autodefensas Unidas de Colombia,
aseguraron haber perpetrado 30.470 asesinatos en el período comprendido
desde mediados de los ochenta hasta su “desmovilización” en 2003-2006.
No sólo eso: la Fiscalía recibió además declaraciones de los
paramilitares dando cuenta de 1.085 masacres, 1.437 reclutamientos de
menores; 2.520 desapariciones forzadas, 2. 326 desplazamientos forzados y
1.642 extorsiones, además de 1.033 secuestros. Pese a este luctuoso record Uribe es considerado por sus mandantes en Washington como un campeón en la lucha por los derechos humanos.[4]En
relación a esto, si el ansiado TLC entre Colombia y Estados Unidos no
ha sido todavía ratificado por el Congreso norteamericano es porque, tal
como lo señala el conservador periódico colombiano El Tiempo,
tan sólo en el año 2009 los paracos y las “fuerzas de seguridad”
asesinaron a 40 sindicalistas, convirtiendo a Colombia en el país más
peligroso del mundo para ese tipo de actividad. Sobre un total de 76
dirigentes gremialesasesinados en todo el mundo, el 52 % de esos
crímenes se perpetraron en un país al que Estados Unidos considera un
ejemplar paradigma de la lucha por los derechos humanos y el combate al
terrorismo. La Central Única de Trabajadores de Colombia informó pocos
meses atrás que desde 1986, año de su creación, 2.721 activistas y
dirigentes de esa organización fueron asesinados por las “fuerzas de
seguridad.” [5] Pese a ello, las credenciales democráticas de Colombia jamás fueron puestas en duda por Washington.[6]
Cuarto, el denunciante es nada menos que el responsable intelectual y político de la masacre serial conocida con el nombre de “falsos positivos.” Tal
como lo señalan distintas notas publicadas en Colombia por el
Observatorio Latinoamericano, Cronicón, durante estos tres últimos años
de gobierno de Uribe el balance es funesto. Se comprobó que las fuerzas
militares ante el acoso del gobierno para que mostrara resultados
concretos en la lucha contra la guerrillael Ejército diseñó y ejecutó un
plan criminal: recorrer las comunidades y aldeas más pobres del país
ofreciendo trabajo a la enorme masa de desocupados y reclutando a un
elevado número de indigentes, campesinos indefensos y jóvenes
marginados, que luego eran asesinados a sangre fría y sus cadáveres se
los hacía pasar como pertenecientes a guerrilleros ejecutados en combate
para cobrar la recompensa establecida por el gobierno u obtener
estímulos o ascensos en su carrera militar. Según estimaciones muy
conservadoras estos crímenes de Estado, perpetrados cuando el futuro
presidente de Colombia, Juan M. Santos era Ministro de Defensa, superan
los mil setecientos casos.[7] Otra
faceta de esta criminal política mal llamada de seguridad democrática
la brinda el hallazgo, dado a conocer el 16 de Febrero del 2010, “de la
mayor fosa común de la historia contemporánea del continente americano,
horrendo descubrimiento que ha sido casi totalmente invisibilizado” por
los principales medios de comunicación de masas en Colombia y en el
mundo. “La fosa común contiene los restos de al menos 2.000 personas,
está en La Macarena, departamento del Meta…(y fue descubierta )gracias a
la perseverancia de los familiares de desaparecidos y a la visita de
una delegación de sindicalistas y parlamentarios británicos que
investigaba la situación de derechos humanos en Colombia, en diciembre
2009.[8]
Cabe añadir que esa zona había sido objeto de preferente atención por
parte de las fuerzas armadas colombianas desde el 2005, con los nefastos
resultados recientemente revelados.
Como ocurrió con todos los terrorismos de estado que asolaron la región en los años setentas del pasado siglo, los crímenes de lesa humanidad
cometidos por sus perpetradores tenían también un trasfondo económico.
En el caso de la Colombia de Uribe, con su comparsa de sanguinarios
esperpentos, entre las corruptas fuerzas armadas, los paramilitares y el
narco se repartieron millones de hectáreas que en su desesperado éxodo
dejaban tras de sí los campesinos desplazados por los bombardeos y
masacres indiscriminadas a que estaban sometidos. Tal como lo expusiera
Jomary Orteon Osorio, del Colectivo de Abogados de Colombia, en la
conferencia del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de
la ONU reunida en Ginebra a comienzos de Mayo de este año, la cifra de
los campesinos desplazados ascendería a 4.500.000 y sus tierras fueron
luego transferidas, con gran provecho para los encargados desalojarlos, a
los terratenientes y el agronegocios, auspiciantes y cofinanciadores
del paramilitarismo. En esa misma conferencia se estableció que pese a
los “éxitos” del gobierno de Uribe el número de desplazados sigue
creciendo a razón de 150.000 personas por año.

El Ministro de Planeación de Colombia, Esteban Piedrahita Uribe, jefe
de la delegación colombiana en esta conferencia, no desmintió las
alegaciones antes formuladas y se limitó a decir que "hemos confiscado
2.000.000 de hectáreas a grupos criminales que se apropiaran ilegalmente
de esas tierras y ahora la justicia va a decidir la devolución a sus
verdaderos propietarios."[9]
En todo caso, hay que subrayar que el cálculo del número de hectáreas
expropiadas en esta salvaje re-edición del proceso de acumulación
originaria que Marx describiera en su célebre capítulo 24 del primer
tomo de El Capital está sujeto a fuertes controversias. Hay
quienes sostienen que el número de hectáreas así transferidas asciende a
6 millones pero hay otros que fijan esa cifra en torno a los 10
millones. En todo caso, cualquiera que sea el número que finalmente se
establezca más allá de toda duda, lo cierto es que la política de
seguridad democrática si hay algo que efectivamente aseguró fue la
expropiación de la masa campesina y la apropiación de las mismas por el
capitalismo agrario.[10]
Este es el hombre que hoy levanta su dedo acusador en contra de la revolución bolivariana. Es evidente que lo suyo es una maniobra más,
dictada por los estrategas del imperio, para acosar al gobierno de Hugo
Chávez y para legitimar la política del “hardpower” (poder duro) a
la cual parece haberse vuelto más afecto Obama que su ignominioso
predecesor, pese a que en las declaraciones oficiales y en los escritos
de algunos analistas cercanos a la Casa Blanca, como Joseph Nye, se
hable con insistencia de las ventajas del “softpower” (poder blando, o la diplomacia tradicional) o el “smartpower
(el poder inteligente, de la nueva diplomacia) sobre la brutalidad y
elevado costo del primero. Sin embargo, el imperio insiste en el poder
duro de su impresionante dispositivo militar: por eso las bases en
Colombia; en Aruba y Curazao, a pocos kilómetros del litoral marítimo
venezolano; las que se encuentran en El Salvador y en Honduras y, ahora,
la autorización para introducir nada menos que 7.000 marines y toda
clase de armamento, además de portaviones, helicópteros, buques
anfibios, aviones de última generación, en la vecina Costa Rica. Por eso
también la Cuarta Flota. El gobierno de Uribe cumple así un servicio de
extraordinaria importancia para facilitar los planes destituyentes del
imperialismo: incapaz de proteger su frontera de 586 kilómetros con
Ecuador, a la que destina apenas 8 minúsculos destacamentos militares, y
mucho más incapaz todavía de hacer lo propio en los 2.216 kilómetros
que tiene la frontera colombo-venezolana, convertida en una zona
liberada para narcos y paracos, trata por todos los medios de crear las
condiciones que justifiquen la intervención militar norteamericana en
América del Sur; en lo inmediato, mantener viva la tensión entre
Colombia y Venezuela luego del recambio presidencial, evitar que Santos
modifique la agenda de confrontación permanente con la revolución
bolivariana instituida por Uribe y enlodar la cancha para que Chávez
llegue desgastado y acosado internacionalmente a las elecciones de
finales de Septiembre. Preocupado por su futuro y agobiado por el
espectro de Noriega pudriéndose en una cárcel gringa o de una querella
planteada ante la Corte Penal Internacional, Uribe se esmera hasta el
último día de su mandato para mostrar su total sumisión a los dictados
de los imperialistas. Por eso es importante desenmascarar al
denunciante, y exigir la pronta intervención de la UNASUR para
desbaratar los planes de Washington en Nuestra América. Este no es un
tema para la OEA (que además no supo desbaratar la provocación uribista)
sino para la UNASUR, que será puesta a prueba con este incidente. Es de
esperar que esta naciente organización de los países sudamericanos
actúe de inmediato, ya mismo, porque de lo contrario puede ser demasiado
tarde para evitar las graves consecuencias de todo orden que tendría la
consumación del proyecto belicista de los Estados Unidos, implementado
por Washington y sus proxys latinoamericanos.
- Dr. Atilio A. Boron, director del Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales (PLED), Buenos Aires, Argentina - www.centrocultural.coop/pled - http://www.atilioboron.com


[1] Para quienes tengan dudas al respecto se les recomienda consultar al Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, cuyos documentos
desclasificados se encuentran ahora en la George Washington University.
El que nos interesa en este momento se denomina U.S. INTELLIGENCE LISTED
COLOMBIAN PRESIDENT URIBE AMONG "IMPORTANT COLOMBIAN NARCO-TRAFFICKERS"
IN 1991, y en su subtítulo se dice que el por entonces Senador, y hoy
presidente de Colombia, se dedicaba a colaborar con el Cartel de
Medellín en los niveles más altos del gobierno y era un estrecho amigo
de Pablo Escobar y sus “narco-asesinos.” Ver en detalle éstas y muchas
otras similares caracterizaciones sobre Álvaro Uribe en
[2] No se nos escapa el hecho de que a lo largo de una frontera como la colombo-venezolana (de más de dos mil kilómetros de largo y con escasos
accidentes geográficos que permitan delimitar claramente el
terreno) narcos, guerrilleros, paramilitares, contrabandistas y
delincuentes comunes, amén de gente normal y corriente, pueda cruzar de
un lado al otro sin el menor inconveniente. No existen fronteras
herméticamente cerradas en América del Sur, y eso lo saben mejor que
nadie los narcotraficantes. Pero acusar a Caracas de tolerar o avalar el
establecimiento de bases o campamentos de las FARC en territorio
venezolano sólo habla de la absoluta deshonestidad de Uribe y sus
patrones.
[3]Ver la abrumadora evidencia aportada por el estudio de Margarita Vallejo y Horacio López, El ataque de Colombia en territorio ecuatoriano : detrás de las palabras y los hechos (Buenos Aires: Ediciones del Centro Cultural de la Cooperación, 2009)
[4] Ver el informe en: http://www.telesurtv.net/noticias/ secciones/ nota/66984- NN/ex-paramilita res-colombianos- reconocen- haber-cometido- cerca-de- -30-mil-500- asesinatos/
[6] A esta lúgubre estadística habría que agregar que bajo los ocho años del gobierno de Uribe se asesinaron en Colombia por lo menos a 27
periodistas, “por razones de oficio”, como dice un informe elaborado al
respecto. Se trata de una estimación hecha por una fuente conservadora,
impugnada por otras que aportan una cifra mucho mayor.
[7] Datos proporcionados en una entrevista realizada al director del Observatorio Latinoamericano, Fernando Arellano. Ver más antecedentes
sobre el tema en el sitio web del Observatorio: http://www.cronicon.net/paginas/cronicon_menu.htm
[9]Ver más antecedentes de este tema en el sitio Web de la Cadena Caracol, 4 Mayo 2010 http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=1019108
[10] Datos que surgen de estudios e investigaciones realizados por el MOVICE, Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado: 4,5
millones de desplazados, cifras 2009:
Sobre la superficie agrícola expropiada, ver las cifras del año 2009:
http://alainet.org/active/39757

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