Un paso a favor de la libertad de los Cinco de Cuba

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La gente se detiene en Victorville, California, a unos 140 kilómetros al nordeste de Los Angeles, porque tiene que ver a alguien a una de las distintas prisiones (federal, estatal, condal y de la ciudad) o tiene asuntos relacionados con las prisiones o porque tiene calor y está cansada al regreso de Las Vegas hacia Los Angeles y la idea de una piscina y una habitación con aire acondicionado parece irresistible.

Alquilamos habitaciones de manera de llegar temprano a la prisión y pasar un tiempo mayor con Gerardo Hernández. Conocemos el camino desde la Carretera 15 hacia el oeste, pasando por colinas que se pierden en el desierto, desde donde se ve una enorme estructura de concreto gris: el complejo penitenciario federal.

Llenamos los formularios, pasamos por la máquina de rayos X, nos registra una guardia, nos colocan en la muñeca un cuño con tinta indeleble que se ve bajo un escáner en la habitación siguiente, y a las 8:45 estamos sentados en la sala de visitas, con esposas e hijos negros y latinos que visitan a esposos y padres.

Gerardo emerge, nos abrazamos y comenzamos a conversar. Nos dice que Martin Garbus, su abogado, había presentado un nuevo recurso (disponible en www.thecuban5.org) que declara que el juicio de Gerardo es violatorio de la ley fundamental y de la Constitución y debiera declararse nulo, por lo que él y sus compañeros deben ser puestos en libertad.

Según el recurso de la defensa, hay documentos que muestran que el gobierno de EE.UU. pagó a una gran cantidad de periodistas para que publicaran artículos negativos acerca de Gerardo y sus coacusados (los Cinco de Cuba). Las noticias pagadas por el gobierno de EE.UU. aparecieron en periódicos, revistas, y emisoras de radio y TV e influyó en la opinión pública y la comunidad, incluidos miembros del jurado y sus familiares, argumenta el recurso de la defensa, y por tanto cuestiona de manera contundente si era posible celebrar un juicio justo a los cinco acusados en Miami.

El documento legal declara que la “secreta subversión por parte del gobierno (de EE.UU.) de los medios impresos, radiales y televisivos con el fin de obtener una condena no tiene precedentes”, y “violó la integridad del juicio y la cláusula de Debido Proceso de la Constitución”.

Garbus argumenta además que “el Gobierno, por medio de millones de dólares en pagos ilegales y al menos mil artículos publicados durante un período de seis años, se inmiscuyó en el juicio y convenció al jurado para que declarara culpables a los acusados. La respuesta del Gobierno a esta moción es estéril en cuanto a los hechos e incorrecta desde el punto de vista legal. La condena debe ser anulada”.

En el largo documento, Garbus muestra cómo los periodistas escribieron y hablaron en medios noticiosos con el único propósito de presentar un cuadro distorsionado de lo que hacían los acusados -evitar que en Cuba se produjeran acciones terroristas con base en Miami- y en su lugar, como demuestra el recurso presentado por Garbus mostrarlos como espías militares que trataban de preparar el terreno en la Florida para una invasión militar desde Cuba.

The Miami Herald despidió a los periodistas aludiendo que estos habían violado un código fundamental -aceptar dinero del gobierno para difundir noticias. El documento señala que “Thomas Fiedler, el editor ejecutivo y vicepresidente de The Miami Herald, al hablar acerca del dinero pagado por el Gobierno a miembros de su personal y de otros medios, dijo que era improcedente porque había sido “para llevar a cabo la misión del gobierno de EE.UU., una misión de propaganda. Era incorrecto incluso si no hubiera sido un secreto”. Fue secreto porque los funcionarios gubernamentales sabían que era impropio e ilegal.

Gerardo y sus cuatro compañeros han cumplido casi 14 años de encarcelamiento federal por tratar de impedir que los matones derechistas de Miami hagan estallar bombas en La Habana. En 1997, una serie de bombas hicieron explosión en hoteles, restaurantes, bares y clubes. Un turista murió y muchos trabajadores cubanos de estos establecimientos fueron heridos. Los atentados con bombas fueron orquestados por Luis Posada Carriles, actualmente residente en Miami, y financiados con el dinero de exiliados derechistas.

Mientras estábamos sentados en la sala de visita, rodeados de gente casi todos de color, con cuatro guardias que nos vigilaban a todos, mordisqueábamos tentempiés salados de los comprados en la máquina (”gourmet carcelario”)

Gerardo nos contó de su estancia en el “hueco”, no por mal comportamiento de su parte, sino para su propia “protección”. Habló de privaciones de la monotonía rutinaria. “Miren a su alrededor”, dijo, “no se ve a mucha gente de clase media aquí”. No había ninguna. La mayoría de los reclusos eran negros o latinos, además de uno que Gerardo creía que era descendiente de obreros pobres de Oklahoma. Todos tienen en común que no poseen dinero para contratar a buenos abogados.

Me trasladaron aquí desde Lompoc en 2004 porque Lompoc iba a dejar de ser prisión de máxima seguridad”, nos dijo Gerardo. Como si este hombre culto y disciplinado necesitara la máxima seguridad. Nos preguntamos cómo soportaríamos nosotros el castigo de la prisión en una institución supuestamente correccional y de rehabilitación, donde nadie se corrige ni rehabilita.

Salimos de la prisión para el aeropuerto de Ontario y nos preguntamos: ¿Qué hacía en este lugar un cubano bien educado? El gobierno de EE.UU. sabía que los agentes cubanos se habían infiltrado en grupos de cubanos exiliados que tenían la intención de causar daño a la economía turística de Cuba. Los cinco estaban luchando contra el terrorismo y compartiendo información con el FBI. Nunca debieron acusarlos y ahora, después de casi 14 años de encarcelamiento, debieran ser libres por fin.

El presidente Obama puede y debe amnistiarlos y enviarlos a casa. Cuba ha dado indicios de que respondería liberando a Alan Gross, quien trabajó para una compañía contratada por la USAID con el propósito de desestabilizar al gobierno cubano y que fue sentenciado en Cuba. Es hora de que el presidente Obama ponga este asunto en su plan de trabajo.

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