Publicado por Roberto Torres (robertot) sábado 25 de septiembre de 2010.

Hace unos días publiqué unos apuntes con el título “Ni en pro, ni en contra; esperaremos más tiempo” sobre la suspensión de una vista pública en el Senado de la República de Colombia por la inasistencia de dos ministros del recién instalado presidente Juan Manuel Santos, además de la falta de otros requerimientos solicitados por la senadora Gloria Inés Ramírez, quien tuvo la gentileza de enviarme un reporte relacionado con el asunto.

El tema fundamental para la convocatoria fue el hallazgo de una fosa común para 2 000 desaparecidos y sin identificar, que atrajo la atención de eurodiputados y otras personalidades políticas por ser la mayor matanza de cuantas se recuerdan en América Latina, incluida la de pasadas dictaduras militares.

En un primer momento, no comenté nada acerca del particular, porque se había producido un cambio en el Gobierno de Colombia, el cual restableció de inmediato las relaciones con Venezuela, algo que fue visto con simpatía por el movimiento de izquierda y los pueblos de la región.

Tras dos aplazamientos, inasistencia de los ministros citados, falta de quórum y una campaña de desprestigio, finalmente se realizó el debate en el Senado sobre crisis humanitaria en los Llanos Orientales y cementerios en el Meta y Guaviare. Recuérdese que fue a petición de la senadora Gloria Inés Ramírez y el representante a la Cámara, Iván Cepeda Castro; ambos de la bancada del Polo Democrático Alternativo.

Las posiciones evidenciadas en esa plenaria de cuatro horas no sorprendieron a nadie. Los convocantes presentaron pruebas contundentes de la grave situación de vulneración a los derechos humanos en la región y llamaron a los entes judiciales para que investiguen las denuncias recibidas.

Por su parte, los ministros del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, así como el de Defensa, Rodrigo Rivera, ratificaron su voluntad por esclarecer estos hechos y el compromiso del Gobierno con la defensa de los derechos humanos.

Sin embargo, -aclara Gloria Inés- los dos titulares quisieron centrar la discusión en la cifra de muertos, tratando de minimizar la tremenda realidad expuesta por los parlamentarios y pasando por alto lo substancial del tema. Rivera hizo una elocuente defensa de la pulcritud y el profesionalismo de las Fuerzas Armadas de Colombia y declaró que una cosa era el homicidio en persona protegida y otra muy diferente un “falso positivo”.

Como todo lo que sucede en nuestro continente nos compete a los latinoamericanos y caribeños, pues tenemos historias similares y hasta problemas comunes, opto por pronunciarme a favor de los solicitantes de una investigación seria y profunda de las circunstancias en torno a la violación de los derechos humanos y en particular del cementerio clandestino.

Salvando las diferencias lógicas entre nuestras naciones, recuerdo los juicios públicos en Cuba para los guardias, policías y paramilitares que cometieron crímenes durante la dictadura de Fulgencio Batista; fue una experiencia fuerte, pero necesaria en aquellos días de fervor popular por el Triunfo de la Revolución en enero del 1959.

Respecto a las suspensiones de dos convocatorias para ventilar la violación de los derechos humanos en Colombia, ciertamente dejaron mucho que decir, aunque el nuevo Gobernante sustituyó a una administración muy controvertida que se alineó con Estados Unidos y firmó un convenio para instalar en territorio nacional siete bases militares, en contra de la voluntad de los pueblos latinoamericanos.

Con el autocontrol de quienes “miran a los toros desde la barrera” y con absoluto respeto a la soberanía de Colombia para dirimir el asunto, supongo que no será el único dejado por la administración de Álvaro Uribe; el tiempo se encargará de demostrarlo, pero ya era hora de que me pronunciara, pues a la tercera va la vencida.

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Etiquetas: Colombia, Derechos, humanos

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