Por Alejandro Torres Rivera

MINH


Hace ya quince años, Fidel Castro entonces Presidente del Consejo de Ministros de la República de Cuba, indicaba sobre el problema alimentario mundial lo siguiente: «El hambre, inseparable compañera de los pobres, es hija de la desigual distribución de las riquezas y de las injusticias de este mundo.»

 

Tres años atrás, Jaques Diouf, Director General del Programa Alimentario de la Organización de las Naciones Unidas, indicó que entre los factores que a su juicio habían precipitado la situación de «crisis alimentaria», la cual entonces se manifestaba en al menos 37 países y amenazaba con una rápida expansión a otras decenas de naciones, principalmente en Asia, África y América Latina, se encontraban: la repentina subida en los precios, una baja productividad debido al cambio climático, niveles de existencia de alimentos sumamente bajos, consumo elevado por parte de economías emergentes como las de India y China, altos costos en el transporte y energía, y finalmente, una demanda cada vez más alta de producción de biocombustibles.

 

Hecmilio Galván, de los Servicios Informativos de la Agencia Latinoamericana de Información (ALAI), señala que uno de los problemas que se manifiestan vinculados al tema es la falta de soberanía alimentaria. Félix Aponte, profesor de la Escuela de Planificación de la Universidad de Puerto Rico, por su parte, nos define el término «soberanía alimentaria» como «aquel derecho que tienen los pueblos y la soberanía de los Estados, para en forma democrática, determinar sus propias políticas agrícolas.»

Vicente Boix, autor del libro El parque de las hamacas publicó en el año 2009 un ensayo titulado Ocho mitos sobre la crisis alimentaria actual, en la cual, sin embargo, nos hace reflexionar algunas de las premisas planteadas por el Director General del Programa Alimentario de las Naciones Unidas sobre el problema. Veamos en síntesis las mismas.

 

Indica Boix que la cadena alimentaria comercial debemos dividirla en tres eslabones donde el primero lo ocupan los países exportadores, que comercian sus cosechas en el segundo eslabón, es decir, en los mercados internacionales; y un tercer escalón que lo conforman los países importadores, es decir, aquellos que como ocurre en Puerto Rico no producimos y por el contrario traemos del exterior la mayor parte de lo que consumimos.

 

En el caso de Puerto Rico, entre producción agrícola y no agrícola, el país importa el 80% de lo que consumimos los puertorriqueños(as). Según datos de 2006, el este por ciento equivale a $38,900 millones de los cuales $19,134 proviene de Estados Unidos.

 

A partir de la identificación de los eslabones de la cadena, Boix  no solo parece cuestionar lo indicado por Diouf, sino que indica que no existe tal desequilibrio entre la oferta y la demanda a escala mundial. Señala que si bien para el año 2010-2011 se estimaba que la producción y el consumo de cereales a escala mundial arrojaría un déficit de 43.1 millones de toneladas, las reservas, estimadas en 483 millones de toneladas podían hacer frente 11 veces a las necesidades. Por lo tanto indica Boix, el problema no está en la escasez de cereales sino en el alza de los precios, basada en la especulación, que en definitiva es lo que distorsiona los mercados e impide la accesibilidad a los alimentos.

 

Refutando el argumento de que el consumo de naciones emergentes como China e India son las causas de la escasez de alimentos, indica que  en ese mismo periodo se estimaba una producción de cereales aptos para el consumo humano y para piensos de 2,216 millones de toneladas, cuando la demanda se estima en 1,820 millones de toneladas. Alimentando animales de granja,  aún así sobrarían 396 millones de toneladas. Lo que sucede, indica, es que de esa producción apta para el consumo humano, 433 millones de toneladas se dedican a agro combustibles, lo que supone entonces un aumento de 44%. Así las cosas, los 396 millones de toneladas no solo desaparecen sino que se crea un déficit neto de 37 millones.

 

Otro factor que Boix identifica como asociado a la llamada crisis alimentaria, son las «Guías» adoptadas por los países exportadores y sugeridas por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO). Estas consisten en medidas regresivas para reducir el precio de los alimentos de modo que los Estados soberanos asuman los costos que fijan los especuladores, reduciendo así sus presupuestos destinados a atender las necesidades de sus poblaciones, aunque asegurando las ganancias de los primeros. A lo anterior se suma la presión que sobre algunos países se lleva a cabo por los países industrializados para que los menos desarrollados cambien su producción agrícola orientándola hacia la siembra de cultivos para el «supermercado global» y no para satisfacer sus necesidades nacionales.

 

Boix señala que mientras se habla de la necesidad de liberalizar los mercados agrícolas, los países desarrollados imponen a los países menos desarrollados controles sobre lo que producen, limitando por medio de medidas sanitarias unilaterales, el acceso de sus productos a los países desarrollados. A tales efectos indica, «el problema no es de cantidad sino de accesibilidad», rechazando de paso el llamado que se hace a una nueva revolución verde a base de modelos ecológicamente insostenibles, contaminando el medio ambiente, como es el caso de la agricultura desarrollada a base de los cultivos transgénicos cuando. Frente a esta realidad, Boix indica que sí es posible el desarrollo de una agricultura ecosostenible.

 

La discusión sobre la crisis alimentaria en Puerto Rico reviste un elemento adicional, dirigido el mismo a identificar los efectos que sobre un país sin un modelo de desarrollo nacional produce la quiebra de la agricultura. La clave, según se desprende de un artículo de Hiram Guadalupe Pérez publicado el pasado mes de febrero en la revista electrónica 80 Grados, «está en incentivar la producción agraria, discriminar positivamente a favor de los agricultores nacionales, detener la conversión de tierras en cemento y proteger nuestros recursos nacionales.» Sugiere el autor que la dedicación a la explotación agrícola de las 200 mil cuerdas de terrenos baldíos en la zona montañosa del país, a la cual diríamos nosotros se pueden sumar, además, otras tantas en nuestros llanos costaneros, pudiera ser un comienzo en la búsqueda de solución al problema.

 

A juicio nuestro, sin embargo, una barrera que se interpone directamente al problema de la producción agrícola en nuestro país es cómo proteger nuestro mercado interno, lo que resulta muy difícil dada nuestra relación política con Estados Unidos y los efectos de la cláusula de comercio de su Constitución en nuestra vida como pueblo.

 

Vivimos un país donde la Corte Federal nos determina, incluso, el precio de la leche que producimos y consumimos. De lo anterior se desprende que si bien sí es posible hacer cosas orientadas a ampliar el marco de nuestra producción agrícola, todavía sería necesario para la consecución de soluciones más a mediano y largo plazo, tener a nuestro alcance aquellos poderes políticos nacionales que permitirían el desarrollo de una verdadera soberanía alimentaria.

 

Se trata de un debate sobre la supervivencia de nuestra nación. No asumirlo con el rigor necesario hoy puede llevarnos a un desfiladero irreversible mañana.

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