Un día después de que el aspirante presidencial de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, presentó evidencia documental sobre operaciones financieras irregulares por conducto del grupo financiero Monex –presumiblemente realizadas en favor de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto–, los dirigentes nacionales del PAN, Gustavo Madero, y el PRD, Jesús Zambrano, anunciaron que interpondrán una denuncia conjunta ante la Procuraduría General de la República (PGR) por presunto lavado de dinero durante la pasada contienda electoral, y exigieron a la dependencia encabezada por Marisela Morales que resuelva el caso a la brevedad, antes de que concluya el proceso de validación de los comicios presidenciales por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Adicionalmente, en horas recientes han salido a la luz pública elementos de información que despejan dudas sobre los vínculos entre las turbias operaciones financieras de Monex y la candidatura presidencial del PRI, como el hallazgo de que el domicilio fiscal de una de las empresas que fondearon al grupo financiero –Comercializadora Efra– corresponde a la dirección de un despacho de abogados cercanos al tricolor y al propio Peña Nieto. Dicho elemento consolida los indicios de que el supuesto triunfo electoral del candidato priísta pudo fabricarse –al menos en parte– sobre la base de delitos graves, como el lavado de dinero, y hace que la petición de los dirigentes del sol azteca y el blanquiazul adquiera mayor pertinencia y necesidad: sin un pleno esclarecimiento del caso de las autoridades judiciales correspondientes, el fallo del TEPJF sobre la validez de los comicios quedaría obligadamente incompleto, y se corre el riesgo de que ese órgano jurisdiccional termine por avalar prácticas que no sólo vulneran los preceptos democráticos más elementales, sino el marco legal del país en su conjunto.

Por otra parte, la petición de los dirigentes partidistas es imprescindible ante el desempeño errático, complaciente y omiso de las autoridades formalmente encargadas de supervisar los presuntos financiamientos irregulares en las campañas electorales y fuera de ellas. Ayer mismo, el Instituto Federal Electoral (IFE) sostuvo que hasta el momento no se ha acreditado ningún delito por partido alguno durante la elección presidencial, señalamiento que resulta improcedente, porque contradice lo expresado por el propio titular del organismo, Leonardo Valdés –en el sentido de que el PRI no ha sido exonerado por el caso Monex y que sigue abierta esa investigación–, porque soslaya la masiva documentación sobre delitos propiamente electorales que ha sido ampliamente difundida y conocida por la opinión pública, y porque pasa por alto una consideración elemental: para que una elección sea legal y válida no basta con que cumpla los criterios de la normativa electoral: también debe apegarse a lo estipulado en los códigos civiles y penales vigentes y al marco constitucional. Ese requerimiento incluye, desde luego, la ausencia de sospechas sobre el uso de recursos de procedencia ilícita por alguno de los contendientes.

En ese sentido, los reclamos formulados por los consejeros Lorenzo Córdova y Marco Baños a los presidentes nacionales de PAN y PRD de que deben ser responsables y no pedir al IFE violentar la legalidad tendrían que ir dirigidos antes al propio órgano electoral que a los partidos.

En lo que toca al gobierno federal, la manifiesta incapacidad de éste para impedir el flujo de dinero presumiblemente ilícito a la campañas presidenciales se agrava con actos como la reunión sostenida entre su titular, Felipe Calderón, y el propio Peña Nieto en la residencia oficial de Los Pinos, el pasado miércoles: ese hecho, improcedente y apresurado por donde se le mire, por cuanto el político mexiquense no es aún presidente electo, podría además colocar al jefe del Ejecutivo federal como anfitrión de un candidato beneficiado por lavado de dinero en caso de que se confirmen las acusaciones del Movimiento Progresista, y ello daría un nuevo duro golpe a la investidura presidencial y socavaría aun más el pretendido afán legalista de la administración que está por terminar.

En suma, el esclarecimiento no sólo es necesario para transparentar una elección presidencial que ha distado mucho de ser limpia y ejemplar, como sostuvo el IFE desde la noche del primero de julio, sino también para restañar en alguna medida el daño que las autoridades se han provocado a sí mismas por su actitud omisa, parcial y poco responsable. Si el IFE, el TEPJF y la propia PGR no actúan en ese sentido, podrían llevar el descrédito del conjunto de la institucionalidad política a un punto de no retorno.

http://www.jornada.unam.mx/2012/07/20/edito

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