Jorge Enrique Robledo, Bogotá, 26 de octubre de 2012.

Con la firma de 19 senadores de todas las tendencias políticas, se radicó la ley que apunta a desmontar el monopolio y a promover la competencia en el sector de las comunicaciones móviles en Colombia (http://bit.ly/RCVUI4), monopolio que la subasta de 4G amenaza con extender al internet y a la televisión por suscripción, lesionando más a los colombianos. Como ya salieron los hombres de Claro-Comcel a defender lo que carece de toda defensa si se piensa en el interés nacional, no sobran otros comentarios en esta columna.

 

Aunque hay otras empresas en el sector, Comcel es tan poderosa que el gobierno la declaró en “posición dominante”, calificativo que para efectos prácticos significa que puede ejercer –y ejerce– poderes de monopolio, los cuales emplea para desplumar a los colombianos y lograr ganancias insólitas. ¿La prueba? Concentra el 74 por ciento del tiempo de llamadas y el 97 por ciento de las utilidades netas del sector, y su Ebitda –una manera de medir utilidades operativas– pasa del 52 por ciento, porcentaje exageradísimo porque entre las trasnacionales semejantes se considera excelente un negocio cuando ese indicador pasa del 30 por ciento. El monopolio, además, impone mala calidad del servicio –por ejemplo, se cae el 10 por ciento de las llamadas pero se pagan plenas–, reduce el ritmo del avance técnico y maltrata a los millones de usuarios que reclaman.

 

De no corregirse esta situación, Colombia puede terminar como México, donde el abuso del monopolio telefónico convirtió a Carlos Slim –propietario también de Claro-Comcel– en la persona más rica del mundo, con un patrimonio de 74 mil millones de dólares. Y aquí podría ser peor, porque los mexicanos han prohibido que Slim entre al negocio de la televisión, mientras que en Colombia ya posee a Telmex. Este monopolio le genera a México pérdidas en bienestar social por 25 mil millones de dólares anuales (OECD, 2012).

 

El proyecto de ley tiene como primer objetivo, por ser el más eficaz contra el monopolio, establecer que ninguna empresa podrá tener más del 30 por ciento de los ingresos del sector, porcentaje que impide la posición dominante y estimula la competencia, las tarifas más bajas y la mejor calidad del servicio, en tanto no significa que Comcel salga del negocio o que sus usuarios vayan a afectarse negativamente. También establece topes a la cantidad de espectro radioeléctrico –25 MHz en bandas bajas y 60 MHz en altas–, para impedir que haya empresas que posean cantidades que técnicamente no necesitan, pero que adquieren para que haya menos competidores.

 

En tercer término, por el roaming que va en la ley no quedará población de Colombia en donde Comcel se comunique por datos (932) en la que no puedan comunicarse también los usuarios de las otras empresas, terminando con el monopolio con el que este operador impone el aislamiento relativo de miles y miles de colombianos. Y no se permitirá más que una empresa –léase principalmente Claro-Comcel– cobre tarifas prohibitivas por las llamadas que entran o salen de su red, para que los colombianos puedan comunicarse, sin pagar peajes abusivos, entre los usuarios de todas las empresas.

 

La ley busca acabar otros abusos, como cobrar las llamadas por minutos y no por segundos, con lo que siempre el usuario paga por tiempos que no ha consumido; cobrar más caros los minutos prepagos que los pospagos, cuando es obvio que los prepagos deben ser los más baratos porque son los de los más pobres y se pagan por anticipado; imponer que se pierdan los tiempos ya pagados luego de cierta fecha o cobrar carísimo el tiempo de más que se compra cuando se terminan los minutos pospago, arbitrariedades que carecen de sustento técnico y que se explican por la incapacidad del gobierno para ponerle el cascabel a un gato tan gordo y lustroso.

 

Coletilla uno. Es demasiado grave que el Presidente falte escandalosamente a la verdad sobre la reforma tributaria (http://bit.ly/WMyRAp).

 

Coletilla dos. La movilización de los productores derrotó el propósito del gobierno de aumentar los impuestos cafeteros. Pero constituye una burla la partida oficial en respaldo a la caficultura, y más viniendo de Santos y Restrepo, quienes sí que conocen de primera mano la historia del café y las necesidades de sus cultivadores.

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